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Transición de un modelo reactivo a un sistema de autogestión y prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas, mediante la designación de un Oficial de Cumplimiento y el reporte de operaciones a la UIAF.

Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial como defensa jurídica frente a la corrupción local y el soborno transnacional, con debida diligencia sobre terceros y canales de denuncia protegidos.

Materialización jurídica de los criterios ESG como requisito para atraer capital extranjero, incluyendo la adopción voluntaria de la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) y sus beneficios tributarios y de contratación pública.